Las leyes del cine

Un aviso: en este post voy a pontificar.

Primer problema

Al principio del cine español, queridos hermanos, fue el verbo, y he aquí que el verbo se hizo subvención. La intención era crear una industria cinematográfica sostenible, pero la cosa salió rana. Y es que los productores se acostumbraron a financiar sus películas con sota, caballo y rey, o sea subvenciones, preventas a televisión y adelanto de las distribuidoras. Eso significaba que ya antes de empezar el rodaje, la película era rentable, y por tanto no dependía de la taquilla. Así que ¿a quién le importaba si al público le interesaba o no la cinta? El resultado es el que todos conocemos, excepciones aparte: en España hacíamos malas películas que no gustaban a nadie.

Pero las televisiones empezaron a mosquearse, porque oiga, es que su película es una mierda y he decidido que ya no la compro porque no la quiero emitir en mi canal. Y entonces los productores llamaron a las puertas de un par de ministerios y dijeron: háganme el favor de obligar a las cadenas a comprobar mi película, aunque sea un pestiño insoportable y parezca rodada por un estudiante tarado.

Y he aquí que el Estado obligó a las televisiones a comprar películas españolas. Que a todo esto, a nadie se le cayó la cara de vergüenza cuando se forzó a los clientes del cine a convertirse en inversores de cine.

Pero en fin, igual que la policía, la tele no es tonta, y el mercado empezó a derivar hacia una supervivencia natural: los ejecutivos de las cadenas decidieron meter todo el dinero en una o dos producciones garantizadas en lugar de repartirlo en múltiples proyectos. ¿Y qué sucedió? Que sólo apoyaban cosas como Alatriste, o la de Amenábar o… una película nacida DENTRO de la propia cadena, por ejemplo una historia basada en una de sus series.

Y los productores de las malas películas se volvieron a quedar sin dinero. Pero tranquilos, se dijeron unos a otros, que aún nos queda un sector del negocio por “atracar”: los exhibidores, o sea las salas de cine. Los productores volvieron a los ministerios y gritaron: háganme el favor de obligar a las salas a poner mi película, aunque sea un bodrio vergonzante y le den a uno ganas de correr a gorrazos a su director/guionista.

Y he aquí que el Estado obliga ahora a los cines a poner las películas españolas.

Así cualquiera hace negocios, ¿verdad? El tinglado no puede fallar, porque el productor es un industrial que tiene “clientes obligatorios”. Y mientras, se estandariza una cultura cinematográfica pobre y desaliñada. Excepciones aparte.

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Segundo problema

Es especie común entre los productores españoles que “el cine que se debe hacer en España es el cine de autor”. Es decir, películas en las que el director y el guionista son la misma persona, una de las ideas más infecciosas del negocio.

¿Resultado? Directores que escriben como mostrencos aporrean sus portátiles, escupen guiones espeluznantes y luego los ruedan poniendo cara de Godard. O bien: guionistas que no distinguen un gran angular de un sirius dicen “esto lo dirijo yo” (no hay otra opción para sacarlo adelante) y alumbran puestas en escena grimosas y planificaciones pedestres. Aunque la mayor parte de las veces no es ni una cosa ni la otra, sino un enjuague intermedio en el que el guionista es contratado para “ayudar” al director a escribir su película. Y tiene que aceptar, naturalmente.

Y una vez estrenada la cosa, si alguien pregunta al salir del cine, se le dice que es una película “minoritaria” y “poco comercial”. O sea, como si acabaran de proyectar el “Teorema” de Pasolini o el “Solaris” de Tarkovsky. Tócate los cojones.

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Y así está la cosa. Que hacemos un cine sin público. Comodísimo, por otra parte.